La Justicia llevó alivio a una familia rodeada por “mapuches”
Un juez ordenó el desalojo de las 40 personas que rodean un campo con un matrimonio en su interior. Los supuestos originarios ya perdieron un litigio de reclamo.

| Por Germán Negro |

En una medida que se hizo esperar y puso a una familia al borde de la desesperación, el juez de Revisión Marcelo Álvarez Melinger autorizó el desalojo del campo de El Foyel (Río Negro) usurpado por una supuesta agrupación mapuche el jueves pasado, atendiendo el planteo del fiscal de El Bolsón Francisco Arrien y del abogado querellante.

Aunque está sujeta a posibles impugnaciones por parte de la comunidad mapuche, la medida generó un alivio en la familia que permanece cautiva dentro de la estancia, cuyos integrantes habían afirmado: “estamos esperando una medida ejemplar de parte de la Justicia”.

El juez de garantías Ricardo Calcagno había rechazado el viernes pasado el pedido de la fiscalía de desalojar el territorio, debido a que los acusados no participaron de la audiencia convocada por el representante del Ministerio Público Fiscal. No obstante, se planteó un recurso de impugnación ordinario sobre esa decisión y el juez de Revisión Melinger fue asignado al caso.

El magistrado aseguró que “el desalojo no afecta el derecho de los ocupantes” y afirmó que “la posesión de la familia propietaria del campo se encuentra comprometida, afecta derecho a propiedad, libertad de movimiento y una normal actividad agropecuaria del lugar”.

Unas 40 personas identificadas como la lof Gallardo Calfú, quienes durante la madrugada del jueves bloquearon los dos accesos a la estancia, en el marco de un plan de reivindicación territorial que tiene antecedentes negativos para la comunidad, debido a dos resoluciones judiciales adversas para los reclamantes.

Ahora, el juez pidió “resguardo inmediato” de las personas que están dentro de campo y de los propietarios del mismo, como así también de sus bienes y justificó el “desalojo forzoso” del lugar.

Solicitó la “inmediata restitución de la propiedad a la familia Soriani” y el desalojo de los cabecillas de la banda, Blanca Rosa Gallardo Calfú y Juan Carlos Oyarzo, como así también al resto de los integrantes de la comunidad que mantienen la ocupación.

La medida deberá implementarse por fases, siendo la primera de ellas la notificación de la misma a los acusados. En caso de que no sea acatada, el magistrado dispuso continuar con el proceso contando con el auxilio de la fuerza pública, SENAF, Defensoría de Menores, auxiliares médicos y bomberos, para garantizar “los derechos a la salud y el resguardo de los bienes de las personas que se encuentran en el predio”.



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